El desolador, y pareciera también eterno, problema de la violencia machista, se alza como uno de los grandes retos de los Estados contemporáneos, incapaces pese a todo de acabar con esta lacra. Y ello porque el enfoque ha sido desde un primer momento erróneo, no habiendo sabido tampoco graduar la importancia real de este asunto.
El recurso casi exclusivo al Derecho penal, como principal barrera de contención de este complejo problema colectivo, más allá de apaciguar puntualmente el estado de opinión, ni ha conseguido disminuir la proliferación de estas conductas entre los más jóvenes (violencia de género online), ni crear un mayor sentimiento de seguridad en las víctimas.
Y el Pacto de Estado tampoco parece que lo conseguirá si, como sospechamos, acaba siendo otra ley integral que sólo refuerce (una vez más) la parte retributiva y también revictimizadora de la mujer. Eso ya lo tenemos y por eso mismo lo tememos.
Está, por tanto, y de nuevo, en manos de los políticos, que el compromiso asumido contra la violencia de género, no se quede en otra mera declaración formal de buenísimas intenciones, sino que, por el contrario, suponga una auténtica reforma esencialista de los aspectos estructurales del sistema. Sólo en ellos está el verdadero cambio.
