El sindicalismo penitenciario, sus discursos y reivindicaciones, han sido elementos claves en la violencia cultural, y han contribuido a aumentar el estigma y la concepción de las personas privadas de libertad como una encarnación del «mal radical», logrando así que los espacios penitenciarios sean zonas de suspensión del derecho. Con unas cotas elevadas de visibilidad mediática y una influencia creciente en los aparatos judiciales y políticos, los sindicatos y asociaciones de funcionarios de prisiones son hoy un actor decisivo a la hora de entender los procesos de criminalización y producción de pánicos morales y paranoias securitarias. Responsables directos de la aplicación de los derechos de las personas presas, sus reivindicaciones se basan en el desmantelamiento de dichos derechos, y en la implementación de un modelo de cárcel-guerra que deshumaniza a la población reclusa, al tiempo que criminaliza a sus familias y a los grupos y entidades que les brindan apoyo.
