La responsabilidad proactiva es un principio
transversal que permea y posibilita la articulación de
los demás principios recogidos en el Reglamento
Europeo de Protección de Datos Personales. Se
traduce en un verdadero deber, que pesa sobre el
responsable del tratamiento, consistente en la
adopción de las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la salvaguardia del
derecho a la protección de datos personales y que
resulten congruentes con el nivel de riesgo que se
cierne sobre la actividad de tratamiento. Cuando el
responsable del tratamiento es una administración
pública, la observancia del principio de responsabilidad
proactiva adquiere una relevancia y contenido
singulares, atendiendo, entre otros factores que
condicionan o caracterizan a los tratamientos
desarrollados por administraciones, la finalidad (la
salvaguardia de la protección de datos personales es
un objetivo público que debe realizarse en toda
actuación administrativa), alcance material (el
volumen de datos personales y no personales que
tratan las administraciones públicas es muy significativo),
naturaleza del responsable (la Administración,
que sirve con objetividad al interés general, no
persigue la indemnidad jurídica en sus relaciones con
los ciudadanos, sino la realización de los objetivos
públicos en consuno con sus intereses) y contexto
(relaciones jurídico públicas, más o menos formalizadas).
El estudio de los rasgos singulares que caracterizan
al principio de responsabilidad proactiva en el
ámbito de la actividad administrativa constituye el
objeto de este libro, que comienza con el análisis
general del principio, desde la doble perspectiva
comunitaria y nacional, para revisar a continuación la
evaluación de impacto a la privacidad, como técnica
asociada al principio y algunos tipos de tratamiento:
los vinculados a la realización del principio de solo
una vez "once- only principle" y a la ejecución de una
aplicación específica en el dominio de los sistemas
inteligentes de transporte: plataforma DGT 3.0. El
estudio y sus conclusiones pueden resultar de
interés, tanto a los operadores jurídicos que desarrollen
su actividad en el ámbito de la protección de
datos personales, como a los estudiosos de la
administración pública electrónica, marco dentro del
cual tienen lugar los tratamientos de datos personales
y no personales por las administraciones públicas.
