Hace ya una década que saltaron las alarmas por el tema de la corrupción en España. La sociedad española fue testigo de la comisión de una cifra mayor a 1700 casos de corrupción, según el Consejo General del Poder Judicial, lo que era coherente con la reprobada percepción de la ciudadanía registrada por Transparencia Internacional. En la misma época se aprobó la Ley Orgánica 5/2010, aquella reformó el Código Penal e incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas (con sucesivas modificaciones en 2012, 2015 y 2019) y se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Todo ello evidenciaba la preocupación del Estado español por la corrupción y otros delitos principalmente económicos, que involucraban entre otros actores importantes, a empresas y partidos políticos, ante la mirada de una sociedad moderna cada vez más sensible a los estándares éticos y de cumplimiento normativo, incluyendo la transparencia y el buen gobierno.
