Capítulo I. Responsabilidad criminal de las personas jurídicas
Capítulo II. Tráfico ilegal de órganos humanos
Capítulo III. Trata de seres humanos
Capítulo IV. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores
Capítulo V. Descubrimiento y revelación de secretos, y allanamiento informático
Capítulo VI. Estafa
Capítlo VII. Frustración de la ejecución
Capítulo VIII. Insolvencias punibles
Capítulo IX. Daños informáticos
Capítulo X. Delitos relativos a la propiedad intelectual
Capítulo XI. Delitos relativos a la propiedad industrial
Capítulo XII. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
Capítulo XIII. Delitos de corrupción en los negocios
Capítulo XIV. Blanqueo de capitales
Capítulo XV. Financiación ilegal de partidos políticos
Capítulo XVI. Delito contra la Hacienda Pública
Capítulo XVII. Delito contra la Seguridad Social
Capítulo XVIII. Delito de fraude de subvenciones
Capítulo XIX. Delito contable
Capítulo XX. Delito de contrabando
Capítulo XXI. Delitos contra los derechos de los trabajadores
Capítulo XXII. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Capítulo XXIII. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
Capítulo XXIV. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
Capítulo XXV. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
Capítulo XXVI. Delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes
Capítulo XXVII. Delitos contra la salud pública
Capítulo XXVIII. Trafico de drogas
Capítulo XXIX. Falsificación de moneda
Capítulo XXX. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
Capítulo XXXI. Cohecho
Capítulo XXXII. Tráfico de influencias
Capítulo XXXIII. Malversación
Capítulo XXXIV. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales
Capítulo XXXV. Delitos de terrorismo
BIBLIOGRAFÍA
La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es un manual dirigido a los profesionales del derecho y a las empresas, en el que se analizan los 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles, estudiando tanto la punición de la sociedad responsable como de la persona física que comete el delito, pues el Código penal castiga a ambos, si bien respetando el principio de proporcionalidad. Las personas jurídicas no pueden cometer delitos, pero responden penalmente de los cometidos por sus administradores o trabajadores, siempre que beneficien de forma directa o indirecta a la sociedad; pero incluso pueden responder de los cometidos por sus clientes o proveedores, cuando utilicen la defectuosa organización empresarial para delinquir. Por ello, es conveniente que las empresas adopten modelos de organización y gestión que les eximan de responsabilidad, habiendo dictado el Juzgado Central de Instrucción el primer auto que exime de responsabilidad penal a una sociedad de profesionales, pero no al socio auditor.
