La estabilidad presupuestaria es uno de los criterios de gestión de las finanzas públicas más importantes en las democracias avanzadas, tanto en el contexto mundial como en el europeo. Su relevancia ha ido aumentando progresivamente teniendo una especial incidencia en la crisis económica que comenzó en 2008 y que afectó gravemente a las economías de todo el mundo y a las europeas en particular.
En ese contexto, tanto las instituciones de la Unión como los Estados miembros introdujeron una serie de medidas de naturaleza constitucional tendentes a implementar este principio, a reforzar los mecanismos de control sobre las finanzas públicas y a permitir operaciones de asistencia económica que salvaguardaran, no solo las cuentas públicas, sino la propia existencia del euro.
La introducción de este principio en la Constitución española en el año 2011 supuso un cambio esencial en el sistema financiero, pero también en el sistema constitucional, como consecuencia de la incorporación en la Norma fundamental de ciertas medidas que exigía la propia Unión Económica y Monetaria para garantizar la existencia y viabilidad de la eurozona. Diez años después, ésta sigue siendo una cuestión de gran interés jurídico, económico y social, cuyo análisis resulta clave para entender los nuevos desafíos europeos que se plantean en este ámbito.
