La actual realidad constitucional no es un auténtico Estado democrático, sino un Estado de partidos políticos. La democracia representativa no es una democracia parlamentaria, sino una democracia de Partidos. El régimen político es la Partidocracia, un régimen con importante déficit democrático, dominado por una oligarquía: la oligarquía de los partidos. Los partidos del régimen dominan el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la dirección de las Administraciones públicas, así como la generalidad de las instituciones constitucionales, salvo la monárquica y la judicial pese a ejercerse una cierta mediatización o condicionalidad política. La oligarquía de los partidos impone sus candidatos sin observar el principio constitucional de buen gobierno, principio que demanda gobernantes y legisladores elegidos también por sus méritos y capacidades para legislar y gobernar. El ordenamiento jurídico vigente lo crean los Partidos políticos que ocupan el Parlamento y el Gobierno. Se explica así que no establezca un régimen de aptitud legislativa y gubernativa, unas condiciones adecuadas de capacidad y de honorabilidad pública del legislador y del gobernante.
Sin ellas no habrá buenos gobernantes, y sin buenos gobernantes nunca habrá buen gobierno.
