Un objetivo esencial en la Unión Europea es la protección de los consumidores. No resulta, por ello, extraño que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya incluido en el «orden público comunitario» parte de la normativa tuitiva de los consumidores. Así ha sucedido, en particular, con la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 2013, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En los últimos años, se ha producido un incremento exponencial de las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales en relación con la compatibilidad entre las normas procesales o sustantivas internas y el estándar de protección de los consumidores en el Derecho de la Unión Europea. Al resolver estas cuestiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha puesto de manifiesto, en demasiadas ocasiones, la insuficiencia de la legislación o de la praxis procesal nacional para dar efectividad a normas europeas. Esta labor, casi pretoriana, del Tribunal de Luxemburgo ha provocado reformas legales y cambios jurisprudenciales, que afectan de forma directa a la configuración de los sistemas procesales civiles de los Estados miembros y a los principios fundamentales que los inspiran. El presente trabajo analiza el fenómeno de la progresiva ampliación de los poderes de dirección del juez, en aras a la protección efectiva de los consumidores, y la nueva distribución de roles entre el juez y las partes en el proceso civil. Se trata, en definitiva, de valorar, con sentido crítico, el impacto real que la ingente jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha de tener en el ordenamiento interno.
