La vigencia del principio de legalidad constituye una de las garantías básicas sobre las que se sustentan la división de poderes y el buen funcionamiento de un Estado de derecho. Su proyección al ámbito del derecho procesal explica por qué, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de tradición continental, la regulación de los procesos judiciales se encomienda primordialmente a las leyes aprobadas por el Parlamento.
Desde una perspectiva más funcional u operativa, la vigencia del principio de legalidad procesal resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica de quienes intervienen en un proceso jurisdiccional. En efecto, uno de los principales valores de la exigencia de lex praevia y lex certa en materia procesal reside en proporcionar a los sujetos un entorno de seguridad jurídica en el que puedan gestionar adecuadamente sus expectativas.
