Comprender su estructura y límites, así como su relevancia para lograr un control racional sobre la fiabilidad de la prueba. El estudio parte de la premisa de que una de las funciones institucionales del proceso es la búsqueda de la verdad. De este modo, se sirve de la prueba como método para corroborar o refutar las hipótesis fácticas que se presentan ante el tribunal. En consecuencia, en los procesos penales, se observa una finalidad epistémica, dirigida al uso de toda la información relevante y fiable para la determinación de los hechos. La metaprueba es precisamente una de las formas de control de la fiabilidad de la prueba. Por consiguiente, se caracteriza como una actividad cuyo alcance consiste en reforzar o minimizar la solidez o la calidad epistémica de una determinada prueba, lo que lleva a concluir que, durante el proceso de valoración previo a la sentencia, su eficacia debería aumentar, disminuir, mantenerse neutral o desaparecer. Se diferencia de otros tipos de prueba porque no atañe directamente a las hipótesis fácticas que constituyen el objeto del proceso, sino a otras pruebas. A pesar de sus singularidades, la metaprueba no deja de ser otra manifestación más del género «prueba» y, como tal, la tutela del derecho a la metaprueba debe vincularse, teniendo en cuenta sus peculiaridades, a las bases genéricas de protección del derecho a la prueba.
