Algunos de los que nos iniciamos en el estudio del Derecho a mitad de los años sesenta del siglo XX lo hicimos con la determinación de combatir la dictadura franquista, y con la finalidad de colaborar en la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país, que entonces era una aspiración de una minoría de juristas demócratas en un contexto político, social y universitario desolador, en que solo excepcionalmente podía uno encontrarse con profesores demócratas y, mucho menos, con profesores
comprometidos con la causa democrática, como era el caso de Enrique Tierno Cíalván al que su compromiso con la democracia le costo su cátedra, o los casos de los entonces jóvenes profesores Raúl Morodo y Oscar Alzaga. Los profesores de Derecho, que en aquella época dominaban la universidad, no se caracterizaban precisamente por su talante democrático, aunque había algunas excepciones. La mayoría de los profesores de Derecho eran funcionarios o abogados en ejercicio que vivían resignados, cómodos o complacientes con la dictadura y bien poco arriesgaron por la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas sin los que el Derecho, y en particular el Derecho público, se convierte en una ficción desdeñable.
