La justicia restaurativa está llamada a ser el nuevo paradigma de justicia, en la que los conflictos se resuelvan involucrando a la víctima como el victimario, así como a todos los operadores jurídicos que intervienen en dicha resolución del conflicto (jueces, fiscales, letrados, etc.). En el ámbito penal contamos, desde el año 1995, con una medida, los trabajos en beneficio de la comunidad, que debería estar llamada a impulsar esa nueva idea de justicia de la que hablamos. Se trata de una medida que obliga al victimario, una vez que ha consentido en que se la impongan, a realizar una serie de prestaciones de utilidad pública. Las cuales podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación en talleres o programas formativos. De este modo, se trata de una medida que requiere la participación activa del victimario, y que puede consistir en prestaciones de asistencia a la víctima, con el fin de rehabilitar al primero y de desvictimizar a la segunda; objetivos que impregnan el nuevo paradigma de justicia restaurativa.
