En nuestro país el abastecimiento a población y el saneamiento se han configurado desde su origen como un servicio público de competencia municipal y prestación obligatoria lo que, además de asegurar la titularidad pública de los servicios urbanos del agua, ha impuesto su prestación de forma regular y continua. Aunque esto ha supuesto en buena medida una garantía del suministro de agua potable voces autorizadas recuerdan la conveniencia de plasmar legalmente el derecho al agua en nuestro país. Los servicios urbanos del agua se enfrentan así en la actualidad a importantes retos ante la necesidad de cumplir las exigencias derivadas de ser un servicio que da soporte a un derecho humano: el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es claro pues que los servicios e instalaciones que dan acceso al agua deben permitir que dispongamos de este recurso de forma fácil, en condiciones de calidad y a un precio razonable. Pero a la vez, por el principio de recuperación de costes, los servicios urbanos del agua han de ser eficientes y sostenibles, lo que requiere contar con esquemas adecuados de precios y tarifas que permitan alcanzar el necesario equilibrio entre el derecho al agua y la sostenibilidad del servicio...
