La relación de las instituciones comunitarias con los grupos de interés se ha venido desplegando durante largo tiempo en una suerte de estado de naturaleza. Un momento metajurídico, inaprensible para un derecho que carecía incluso de un término para identificarlos. Son, en consecuencia, años oscuros, que dificultan cualquier aproximación rigurosa más allá de un sumario juicio moral sobre lo bueno o malo de su intimidad. Desde finales del pasado siglo, la Unión comienza una aproximación normativa a esta realidad. Acercamiento en el que pulsiona una creciente preocupación ciudadana ante lo que se intuye como un riesgo para la democracia. Sin embargo, la prevención frente a estos grupos no se limita a los ciudadanos europeos. También las instituciones sienten la urgencia de disciplinar una cercanía, caracterizada ahora como diálogo, imprescindible para obtener un conocimiento especializado atesorado por aquellos. La preocupación por estos grupos implicará, en primer lugar, una necesidad lingüística, unos términos capaces de expresar nuevas realidades. Sin embargo, esta aproximación no se limita a un mero ejercicio reflexivo, pavimentando múltiples desarrollos normativos. Unos desarrollos que, carentes de un plan maestro, se suceden bajo el patrocinio de principios como la transparencia o la ética, teniendo como expresión más acabada la puesta en marcha de un Registro de Transparencia común a la Comisión y el Parlamento Europeo.
