Desde su creación, la Unión Europea se ha dotado de un sistema jurídico propio diseñado para integrarse en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En este intrincado marco de relaciones entre ordenamientos, uno de los problemas principales reside en el papel del TJUE, cuyos pronunciamientos tienen tradicionalmente reconocidos efectos ex tunc y erga omnes. Debido a tales características, dichos pronunciamientos pueden entrar en conflicto con el principio de seguridad jurídica, afectando el orden y la estabilidad que, en virtud de ello, se garantizan al justiciable. Partiendo de tales premisas, esta obra se propone analizar los problemas jurídicos que surgen cuando, a raíz de un pronunciamiento del TJUE, el ordenamiento comunitario establece algo que contradice lo dispuesto previamente por un acto administrativo nacional firme o una resolución judicial nacional con fuerza de cosa juzgada. Para tratar de ofrecer una solución a esta tensión que se produce entre la restauración de la legalidad europea alterada y la seguridad jurídica, se ha abordado el estudio de los mecanismos disponibles en nuestro Derecho nacional para reexaminar los actos administrativos y las sentencias firmes, junto con el sistema de responsabilidad patrimonial por infracción del Derecho de la UE. En los casos en los que el marco normativo en vigor se ha considerado insuficiente, también se han propuesto algunas soluciones de iure condendo.
