La libertad condicional es el diamante en bruto de nuestro sistema de ejecución penal. El art. 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, pero el potencial que tiene esta institución para mejorar la convivencia comunitaria rebasa con creces dicho propósito. Lejos de servir únicamente a la resocialización de quienes hubieran infringido la norma, la libertad condicional constituye un espacio de encuentro y confluencia social desde el que poder potenciar la concepción restaurativa de la justicia penal. Aun así, dado que el legislador penal del año 2015 trastocó el sentido de toda la institución para convertirla en una forma de suspensión de la ejecución de la pena, nuestro sistema progresivo se ha visto desprovisto del último de sus grados de clasificación penitenciaria. Hasta el momento de la reforma, la libertad condicional evidenciaba que la base de nuestro sistema de ejecución penal era el paulatino otorgamiento de confianza al reo, pero el modelo vigente permite sostener que la pena retributiva se ha vuelto a anteponer a la resocializadora. Los efectos y consecuencias que dicha transmutación supone, además de dar lugar a numerosos conflictos de tipo práctico, alejan la ejecución penitenciaria de la consecución de los fines constitucionales de reeducación y reinserción social. Este trabajo se divide en tres partes al efecto de analizar todas estas cuestiones en detalle. La primera de ellas se ocupa de responder al qué y al para qué de la institución; la segunda revisa el régimen jurídico de la libertad condicional; y la tercera, por la perspectiva crítica y práctica de todo el trabajo, se dedica íntegramente a formular propuestas de lege ferenda con el ánimo de mejorar, no únicamente la funcionalidad de la libertad condicional strictu sensu, sino también su armonización general en el contexto de una ejecución penal con potencial restaurativo.
