La fuente del derecho sobre la que versa este estudio, el decreto-ley, supone una alteración del principio de separación de poderes, como consecuencia de que con la aprobación de este tipo de normas se produce la asunción por parte del poder ejecutivo de la principal función del poder legislativo, esto es, la potestad de dictar normas con rango de ley. Si bien es cierto que hay razones de peso para defender la existencia de esta fuente del derecho, por la necesidad de inmediatez en la elaboración de normas, no es menos cierto que la experiencia nos lleva inexorablemente a concluir que es indispensable replantear y reformular los límites previstos, para evitar el palmario abuso del poder ejecutivo en la utilización del decreto-ley como instrumento legislativo.
