La dilatada resolución de los conflictos (con más de dos años de media) reclaman una posición activa del legislador implementando medidas eficaces de carácter preventivo (o de control horizontal) así como de resolución de conflictos extrajudiciales (más conocidos por el acrónimo ADR "Alternative Dispute Resolution"). Así mismo, y extramuros de los cambios normativos que se antojan necesarios para favorecer el acuerdo entre las partes y evitar los altos costes de un proceso judicial, esta excesiva litigiosidad reinante en las distintas esferas de nuestro ordenamiento jurídico invitan a una nueva cultura en las relaciones entre Administración y administrados anclándola en el principio de buena fe, y dejando de lado aquella posición decimonónica de las relaciones de poder donde la Administración disfrutaba de una relación jerárquica tratándolos como "súbditos administrativos"...
