Lejos ya de la peyorativa connotación que, como chivato o delator, hubiera podido tener en el pasado, resulta incuestionable que la figura del whistleblower se ha convertido en una figura honrosa, loable y merecedora de contundente protección del Derecho frente a potenciales represalias que pudieran provenir de las organizaciones incluyendo, en sentido amplio, a instituciones, administraciones públicas y empresas que ven aireadas con mayor facilidad sus prácticas abusivas o ilícitas. Aunque algunas de estas personas a nivel internacional han adquirido la condición de auténticos guardianes de la democracia, es indudable de que una gran mayoría de ellos principalmente, aquellos que han actuado desde el anonimato han arriesgado también su trabajo y su reputación profesional para desvelar actividades ilegales o reprochables de las organizaciones donde trabajaban. Por lo que se refiere al contexto europeo, no siempre se otorga protección integral frente a diversas tipologías de amenazas, intimidación y represión por parte de aquellos que ejercen una influencia corrupta.
