En los últimos años, las leyes sobre protección de denunciantes han aumentado a
escala global. En el ámbito europeo, ha sido la Directiva 2019/1937, relativa a la protección
de personas que informen sobre infracciones de la normativa comunitaria, la
que, partiendo de la posición privilegiada de las personas empleadas en cualquier
organización para alertar sobre las amenazas o perjuicios para el interés público, establece
un protección frente a toda represalia, que tenga lugar en el contexto laboral,
motivada por una denuncia o por una revelación pública. El objeto de esta monografía
es formular propuestas para una futura regulación en España que, con base en la
citada Directiva y en las recomendaciones que, tras analizar el marco comparado, se
incluyen en este trabajo, se adecuen a nuestras tradiciones jurídicas y a las características
de nuestro sistema de relaciones laborales. Además, no debemos olvidar
las propias experiencias sobre protección de denunciantes ya existentes, tanto las
fijadas en normativas autonómicas, como las que son fruto de la autonomía colectiva
y de las políticas de compliance empresarial.
Sobre la base de estas premisas, son muchos los temas que deberá abordar la norma
española de transposición de la Directiva, entre ellas, la admisión de los denunciantes
anónimos, las empresas y entidades obligadas a establecer cauces internos, la
definición de la autoridad competente para la denuncia externa o las medidas de
protección de las personas informantes. Finalmente, hay que destacar la especial
atención que se presta a la garantía del derecho fundamental a la protección de datos
en el diseño y la gestión de los sistemas o procedimientos de denuncia (interna
y externa) que se arbitren.
