La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de Crédito Inmobiliario, vigente desde el 16 de junio de 2019, transpuso parcialmente la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su entrada en vigor ha supuesto un esencial refuerzo de la protección jurídica de quienes acceden a un crédito con el propósito de adquirir una vivienda, además de un factor que acentúa la transparencia en beneficio de la información y garantías de los consumidores, al reducir costes y vigorizar los derechos de los deudores hipotecarios.
La perspectiva que ofrece el año de su vigencia permite una primera ponderación de su eficacia. A la revisión de concretos aspectos de su regulación se dedica esta obra colectiva.
