El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) constituye una figura de especial relevancia para las Haciendas Locales, tanto por su importancia recaudatoria como por el margen de autonomía normativa de que disponen las entidades locales y por las actuaciones de gestión, inspección y recaudación que genera. Sin embargo, su escasa y compleja regulación ha dado lugar a una elevada conflictividad y a numerosos problemas interpretativos que, pese al tiempo transcurrido desde su implantación, continúan provocando incertidumbre entre los operadores jurídicos.