La vivienda es un bien esencial que se ha convertido en difícilmente accesible para sectores cada vez más amplios de población. A ello han contribuido diversos factores, entre otros, la adopción de decisiones legislativas inadecuadas a lo largo de varias décadas.
Dicha trayectoria se ha caracterizado, a grandes rasgos, por restringir la libertad contractual, especialmente en materia de arrendamientos de vivienda, lo que explica el déficit crónico de viviendas de alquiler, pero también en materia de préstamos hipotecarios, lo que dificulta la financiación de la adquisición de una vivienda. A ello hay que añadir los crecientes obstáculos procesales para que arrendadores y financiadores puedan hacer efectivos sus derechos frente a deudores incumplidores, la casi absoluta ausencia de gasto público destinado a vivienda social, especialmente durante las dos últimas décadas, y la pérdida progresiva de poder adquisitivo de los ciudadanos....
