El texto analiza la creciente necesidad de proteger los secretos empresariales frente a las amenazas que plantea el desarrollo tecnológico, el cual facilita nuevos métodos de captación de información. Se argumenta que la información y el conocimiento adquirido por una empresa (su «patrimonio inmaterial») son un activo valioso, susceptible de ser explotado económicamente, y que atrae a competidores que buscan obtener ventajas sin el esfuerzo económico o laboral correspondiente. El ordenamiento jurídico debe, por tanto, proteger la libre competencia y el derecho de las empresas a progresar según sus propios méritos. La vía más efectiva, según el texto, es la tipificación penal. El análisis se centra en el delito de revelación de secretos de empresa, regulado en los artículos 278 a 280 del Código Penal español. Esta protección va más allá de la mera indemnización civil, ya que la sustracción de secretos no solo perjudica económicamente a la empresa víctima, sino que también altera el sistema de oferta y demanda, afectando al mercado en su conjunto.
