El doble proceso de democratización política y acceso a la autonomía que compuso la Transición en Cantabria entró, a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981, en un período de inestabilidad política e institucional prolongado hasta mediada la década de 1990. Ello en el contexto de una crisis económica que obligó a una dura reconversión y que afectó a la mayor parte del tejido industrial, con significativas consecuencias sociales: desempleo, desestructuración, terciarización. Sobre ese movedizo suelo social se creó un sistema de partidos afectado por la inexperiencia, la inmadurez y la inestabilidad. Pero más allá de estos factores, la clave de bóveda que explica aquella profunda crisis institucional es el hecho de que las fuerzas que gestionaron la autonomía fueron las mismas que se habían opuesto a ella: las derechas que, divididas y enfrentadas, no poseían un proyecto autonómico con que afrontar los graves problemas que afectaban a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
