El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este derecho, sino otros directamente relacionados como la libertad, dignidad, etc. Precisamente por ello, el legislador penal ha incluido expresamente una atenuante específica que determinará una atenuación de la pena en aquellos casos en los que, dentro de un proceso penal, se produzca una dilación indebida en la tramitación del procedimiento. Ello implicaría que la consecuencia jurídica que sufra quien está siendo sometido a un procedimiento penal implique el sufrimiento adecuado a la gravedad de la gravedad y del injusto por el que está siendo enjuiciado. La adición, a la pena que normativamente le correspondería, de los padecimientos y lesiones de otros derechos que se derivaran de un retraso injustificado del procedimiento, no deben aceptarse en un Estado de Derecho, y es preciso que se de respuesta adecuada al mismo. A ello se dedica la presente obra: analizar la posible solución de la atenuación de la pena en virtud de la aplicación de la atenuante, cual es el fundamento de esta atenuación y cual ha sido el tratamiento jurisprudencial de su aplicación.
