En el ordenamiento jurídico de los EEUU, la aplicación privada o private enforcement del Derecho Antitrust ha desempeñado, prácticamente desde la promulgación de las primeras normas sustantivas dirigidas a proteger la competencia en el mercado norteamericano, un papel preponderante en cuanto a la detección y persecución de las conductas empresariales que supusieran un atentado a las premisas de la libre competencia, hasta el extremo de convertirse dicho sistema en un ejemplo de referencia en orden a la configuración de otros modelos de defensa de la competencia contemporáneos.
La lucha contra las conductas anticompetitivas se materializa a través de un sistema antitrust complejo, de doble nivel y de carácter descentralizado, cuyo estudio debe afrontarse mediante un minucioso análisis acerca de los diferentes sujetos, públicos y privados, que están legitimados para perseguir este tipo de atentados anticompetitivos, de los diferentes cauces de enjuiciamiento disponibles (de orden penal, civil y administrativo), así como de los recursos e instituciones procesales más destacadas que el ordenamiento jurídico norteamericano pone a disposición para combatir este tipo de actuaciones antijurídicas.
La presente obra se ha estructurado en tres grandes capítulos, a los que sigue un completo índice bibliográfico y jurisprudencial con las resoluciones más destacadas que han sido dictadas por los diversos órganos jurisdiccionales norteamericanos. Tras detallar, en el primer capítulo, la génesis y estado actual de la aplicación pública y privada que rige en el sistema de competencia de los EEUU, el capítulo segundo centra su atención en la tutela sustantiva del Derecho Antitrust mediante un análisis detallado de los principales preceptos de la normativa de defensa de la competencia (Sherman Antitrust Act, Clayton Antitrust Act y otras leyes complementarias); para, por último, centrar el análisis, en el capítulo tercero, en la tutela procesal del Derecho Antitrust, con especial referencia a los problemas teóricos y prácticos que se plantean en orden al ejercicio de las acciones civiles de reparación de los daños y perjuicios que pudieren derivar de las actuaciones empresariales contrarias a la libre competencia.
