RIVERA BLANCO, A. / MATEO SANTAMARÍA, E.
El final del terrorismo con la disolución de ETA dejó dos herencias vivas de ese pasado criminal: de una parte, los 169 presos de ETA actuales; de otra, los 379 casos de víctimas de esa organización sin proceso judicial. En este contexto posterrorista, las demandas contradictorias en torno a los presos y las víctimas han abierto un debate social, político, institucional y mediático acerca de las condiciones jurídicas del cumplimiento de las condenas. Por un lado, y tras las anteriores reclamaciones que buscaban acabar con la dispersión y alejamiento de los encarcelados fuera del País Vasco y de Navarra, las demandas que combinan la reducción de penas o de su mejor cumplimiento mediante terceros grados o similares con el objetivo final de su excarcelación definitiva y total. Por otro, las reivindicaciones de que la Justicia pueda abordar esos crímenes no juzgados, bien sorteando el límite de prescripción temporal de los delitos terroristas, invocando su naturaleza extrema de crímenes de lesa humanidad, bien apelando al derecho a saber, a una verdad restaurativa que, independiente de la verdad judicial, y de la mano de los antiguos activistas de ETA, esclarezca el conocimiento oculto de aquellos....
