Prólogo
Introducción
Parte I. Entre la razón jurídica y la voluntad democrática. La objeción democrática a la justicia constitucional
Capítulo I. Premisa: Acotación de los conceptos de justicia constitucional y referéndum
Capítulo II. La última palabra
Capítulo III. Las respuestas posibles ante la objeción democrática a la justicia constitucional
Parte II. El control judicial de las normas aprobadas en referéndum en la práctica.
Capítulo I. Cinco ilustraciones prácticas: selección de casos
Capítulo II. Estados Unidos
Capítulo III. Francia
Capítulo IV. Suiza
Capítulo V. Italia
Capítulo VI. España
Parte III. La contención judicial ante las decisiones directas de los ciudadanos.
Capítulo I. Estrategias de contención: Lidiando con cocodrilos en la bañera
Capítulo II. La teoría de la contención judicial
Capítulo III. Contención judicial y referéndum complementario
Capítulo IV. Contención judicial y referéndum sustantivo
Recopilación final
Bibliografía citada
El control judicial sobre la constitucionalidad de las normas legales supone, en palabras de Cappelletti, un formidable problema: jueces sin legitimidad democrática directa deciden sobre normas creadas por los representantes de los ciudadanos. El instrumento implica, pues, una importante tensión entre la razón jurídica y la voluntad democrática. La presente obra estudia cómo esta tensión alcanza niveles extraordinarios cuando la norma legal objeto de control ha sido aprobada por los ciudadanos a través de referéndum. A la luz de la experiencia de cinco modelos constitucionales (Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia y España), se plantea la necesidad de que la justicia constitucional ejecute su control partiendo de la llamada contención judicial. El autor modula esta exigencia en función de diversas circunstancias, en especial: el tipo de referéndum empleado (complementario o sustitutivo de la acción de los representantes); el rango (constitucional o legal) de la normativa resultante; y el contenido de la norma enjuiciada, poniendo el foco en la necesidad de aplicar un mayor rigor judicial sobre aquellas normas restrictivas de los intereses de grupos desfavorecidos o de las herramientas esenciales de participación política, así como sobre aquellas que cuestionan el reparto competencial en sistemas políticos descentralizados.
