Estadísticamente, el monitorio es uno de los procedimientos más utilizados de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Regulado en los arts. 812 a 818 de la norma rituaria, ya tenía una gran tradición en el derecho comparado y podemos afirmar que tiene ya también una enorme popularidad en nuestro territorio.
Su escasa regulación legal, contenida solo en siete artículos, plantea múltiples problemas interpretativos aún no resueltos, de forma uniforme, 20 años después de que entrara en vigor la Ley de Enjuicimiento Civil.
Es muy rica la casuística de los distintos documentos que pueden abrir la posibilidad de este procedimiento, y desde luego son muchos los problemas que suscita la fijación de la competencia territorial. Determinar qué domicilios son válidos o no, el domicilio desconocido, sus cambios y, en definitiva, la falta de localización del deudor y la doctrina del deudor volátil, ahora recogida legalmente, es esencial para evitar el fracaso del mismo.
Por otro lado, los requisitos de la deuda también han dado lugar a múltiples resoluciones judiciales, ya que, pese a la eliminación del límite cuantitativo, son variadas las cuestiones controvertidas referentes al vencimiento, liquidez y determinación de la misma, la procedencia o no de intereses y el nuevo trámite de abusividad, tras las reforma del año 2015, del art. 815.4 ha dado lugar a muchos pronunciamientos judiciales.
Finalmente, la transformación en declarativo sigue dando lugar a distintos monitorios en función del Juzgado en el que nos encontremos. Y es que determinar la vinculación del monitorio con el ordinario o verbal posterior, fijar las posibilidades alegatorias, complementarias y probatorias depende muchas veces del criterio interpretativo de cada Juzgador.
