El trámite de impugnación de costas regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 ha sufrido diversas modificaciones de calado desde la entrada en vigor de nuestra vigente Ley adjetiva civil. Si importante fue la imposibilidad de recurrir en apelación lo que produjo una atomización de las resoluciones finales y la falta de unos criterios más o menos comunes lo más determinante fue la Jurisprudencia del Tribunal Supremo acogiendo las sanciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a diversos Colegios de la Abogacía por la publicación de los denominados Baremos o Criterios, así como la introducción de valores subjetivos ("complejidad", "esfuerzo"?). La situación de desconcierto en la práctica diaria de los Tribunales ha sido total. Actualmente, para añadir algún elemento más a la enigmática coyuntura, la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (L.O. 1/2025) introduce nuevos incidentes a resolver sobre la exoneración o moderación de las costas, directamente relacionados con la actuación previa de las partes en los MASC (medios adecuados de solución de controversias).
