Más de tres millones de españoles instalados con carácter permanente en el exterior dan lugar a no pocos problemas en sus relaciones privadas de carácter personal o de contenido patrimonial como corroboran los datos oficiales: contraen matrimonio, inscriben a un hijo, otorgan testamento o poderes de representación en España, entre otros. Corresponde a los funcionarios diplomáticos y consulares españoles afrontar estos problemas, junto a los que generan los españoles transeúntes o los extranjeros.
La actividad consular en su faceta de asistencia jurídica no ha recibido la atención que merece en contraste con la extensa práctica de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública. Y es que la asistencia jurídica consular plantea, por una parte, el alcance de las funciones consulares en cada materia y, por otra, la solución material a las demandas planteadas.
Este es un trabajo de reconstrucción que busca dotar de cierta coherencia a una tarea jurídica multiforme que se desarrolla en un marco jurídico complejo, a la vez que fragmentado y no siempre actualizado. Con el propósito, al mismo tiempo, de llamar la atención del legislador sobre la escasa elaboración que presenta el derecho consular. No cabe olvidar que la institución consular sigue siendo básica como órgano de atención a los connacionales ante las autoridades del Estado receptor y para acercarles la acción de la Administración de su Estado y el propio ordenamiento jurídico.
