La publicación en 2021 del nuevo Estatuto de la Abogacía Española, cuyo proyecto fue aprobado por el Pleno del Consejo en 2013, ha supuesto una nueva ordenación profesional de las casi 150.000 personas que en nuestro país, conforme a la propia norma, pueden llamarse abogado o abogada, siendo aplicable también a otras 100.000 personas que, sin dedicación profesional, se integran en los Colegios de la Abogacía. Sin perjuicio de un cierto carácter recopilatorio o de adaptación a normas ya vigentes, ha introducido novedades cuya interpretación y aplicación suscita dudas cuya resolución es ya objeto de debate entre todos los que, a diario, ejercemos el derecho de defensa.
Especialmente importante para la profesión es su interpretación coordinada con el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado en 2019, y que se elaboró siguiendo los principios marcados por el proyecto de Estatuto de 2013. Las modificaciones introducidas en el proyecto elaborado por la Abogacía durante su largo viaje hasta su publicación, suscitan más dudas y controversia.
El análisis de ambas normas, su relación con las que recoge, las referencias entre ellas y el planteamiento de los problemas derivados de su necesaria coordinación y aplicación es el objeto de esta obra.
