En los últimos años los delitos sexuales con víctima menor de edad han recibido mucha atención por parte del legislador. El objetivo declarado es dispensar mayor protección al menor frente a los peligros surgidos de las nuevas formas de relacionarnos a través de la
tecnología. Sin embargo, esta tutela reforzada ha traído consigo efectos colaterales que el legislador no contempló a pesar de que eran previsibles. Y es que una respuesta penal más severa a los comportamientos contra la libertad/indemnidad sexual de los menores implica, necesariamente, castigar con más contundencia a los adolescentes autores de delitos de dicha naturaleza, quienes, por su proximidad en edad, suelen perpetrarlos contra sus iguales. Partiendo de esta premisa, este trabajo analiza los problemas -y propone soluciones para ellos- generados para los menores infractores por una política criminal basada en la incorporación al Código penal de tipos y agravantes concebidos para agresores sexuales adultos. Así, se aborda el incremento tanto del número de menores condenados por delitos sexuales como del rigor punitivo del que son objeto. Asimismo, se estudia cómo afecta la inclusión de estos en el registro de delincuentes sexuales, una medida diseñada para adultos e implementada por el Derecho administrativo, que, sin embargo, acarrea para sus destinarios unas consecuencias más lesivas incluso que las que les impone el propio sistema penal.
