Cuidar debería ser un acto de dignidad. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, muchas personas mayores, enfermas o con discapacidad que necesitan asistencia diaria se ven obligadas a asumir una posición inesperada y compleja: la de empleadoras.
La obra parte de una paradoja tan real como poco visible. Quien necesita protección termina soportando las cargas, obligaciones y riesgos propios de una relación laboral doméstica, desde contratar, pagar salarios y cotizar hasta gestionar bajas, afrontar permisos, cumplir exigencias preventivas o extinguir la relación laboral. Todo ello sin estructura empresarial, sin conocimientos técnicos suficientes, con recursos limitados y dependiendo precisamente de esa ayuda para vivir con autonomía.
Tras la Ley 8/2021, el Derecho civil proclama el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Pero la práctica revela importantes zonas de incertidumbre cuando esas personas, sus familiares o sus guardadores de hecho deben organizar jurídicamente los cuidados. Con rigor jurídico y clara vocación práctica, la autora analiza la tensión entre autonomía, apoyos civiles, empleo doméstico, dependencia, economía sumergida y protección laboral, y propone avanzar hacia un estatuto mixto de protección del empleador vulnerable, capaz de conciliar la dignidad de la persona cuidada, los derechos de quien cuida y la necesaria solidaridad colectiva.
