En 2026, la Inteligencia Artificial (IA) es ya una realidad cotidiana presente en el día a día de cientos de millones de personas. En la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, es el instrumento de regulación de la IA más exhaustivo y ambicioso del mundo. En particular, impone a los proveedores de sistemas de alto riesgo como los algoritmos de puntuación crediticia, los sistemas de selección de personal o las herramientas de diagnóstico médico obligaciones detalladas de documentación, supervisión humana, gestión de riesgos y transparencia. Y extiende esas obligaciones, además, con plena vocación extraterritorial, a cualquier proveedor cuyos sistemas produzcan efectos en el mercado europeo, con independencia de dónde esté establecido.
Pero cuando un ciudadano europeo sufre daños generados por uno de esos sistemas y trata de obtener reparación, descubre que la solidez regulatoria del Reglamento no tiene equivalente en el plano de la tutela judicial efectiva internacional. El panorama se ha agravado tras retirada, en octubre de 2025, de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil por IA, que ha dejado sin armonizar el régimen sustantivo de responsabilidad. Eso convierte a los instrumentos del Derecho internacional privado los reglamentos Bruselas I bis y Roma II en la única línea de defensa ante los problemas que genera la dispersión normativa existente. Pero tales instrumentos fueron diseñados para un mundo analógico y no responden adecuadamente a los desafíos que plantea la nueva economía algorítmica, donde la situación se agrave, especialmente, en el caso de daños masivos, frente a los puramente individuales.
