El presente trabajo pretende realizar un análisis crítico de la función de garantía que tradicionalmente ha sido otorgada al capital social. Por mandato de la Segunda Directiva en materia de sociedades la concepción imperante en los ordenamientos jurídicos europeos es la que atribuye al capital social el carácter de cifra de retención en protección de los acreedores, estableciéndose para la SA el conocido sistema del legal capital o doctrina del capital social. Este sistema se encuentra disciplinado por un riguroso régimen que se materializa a través de una serie de disposiciones normativas que pretenden asegurar que se produzca la correcta integración y retención patrimonial en aras a preservar la adecuada correspondencia entre capital y patrimonio. Ahora bien, como se mostrará en este trabajo, aunque teóricamente las exigencias impuestas en virtud de la Segunda Directiva tienen como finalidad principal la de asegurar una adecuada protección de los acreedores, en multitud de ocasiones estas resultan ser insuficientes para alcanzar una tutela efectiva de los mismos, además de presentar otra serie deficiencias que pueden afectar negativamente a las sociedades. Es por ello que, aparte de analizar si resulta útil mantener el sistema del capital social, se contempla tanto la conveniencia de que este sea sustituido por otros mecanismos alternativos, como las consecuencias asociadas a un sistema sin la doctrina del capital social.
