Abreviaturas 11
Preliminar 13
§1. Introducción 17
1.1. Planteamiento de la cuestión 17
1.2. La hipótesis de trabajo 20
§2. Los créditos públicos 25
2.1. La delimitación del concepto 25
2.2. Créditos públicos estatales, autonómicos y locales 39
2.3. Las prerrogativas y privilegios del crédito público 45
§3. Los derechos de crédito derivados de los avales gestionados por el ICO 49
3.1. La exclusión de la categoría de crédito público 49
3.2. La participación en la aprobación del plan 56
3.3. La inclusión en una clase separada 65
§4. La afectación del crédito público por la reestructuración 69
4.1. La regla especial del crédito público 70
4.2. De la regla especial a la exclusión 75
4.3. ¿Tiene sentido reestructurar el pasivo público? 82
4.4. La compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado 85
4.5. La desviación del régimen de la directiva y su corrección 91
4.6. Sobre la declaración institucional de Portugal 102
§5. Las ejecuciones del crédito público sobre el patrimonio del deudor 111
5.1. La exclusión del crédito público de la regla general 111
5.2. La lógica de la paralización de las ejecuciones singulares y su reflejo en la directiva 120
5.3. ¿Está debidamente justificada la exclusión del crédito público de la paralización de las ejecuciones? 124
5.4. El peligro para la reestructuración y el perjuicio para los acreedores públicos 137
5.5. La corrección de la solución contraria a la directiva 142
§6. La limitada afectación del crédito público por un plan de reestructuración 145
6.1. Breve exposición y crítica 145
6.2. Las consecuencias del trato diferente del crédito público para el resto de los créditos afectados por el plan 155
6.3. La incompatibilidad de la solución con la directiva 159
§7. Involucrar al crédito público en la reestructuración 163
7.1. El problema de la falta de involucración del crédito público 163
7.2. La participación del crédito público y la adopción de un plan de reestructuración 167
§8. Consideración final 177
Bibliografía 179
Jurisprudencia citada 189
El tratamiento que la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley concursal, da al crédito público en las reestructuraciones ha suscitado importantes críticas por su disconformidad con la Directiva (UE) 2019/1023, que transpone. La ley excluye de facto al pasivo público de estas y deja su renegociación a los procedimientos singulares de aplazamiento y fraccionamiento aplicables a dichos créditos. Esta circunstancia, unida a la cada vez más extensa definición que se hace del crédito público, conduce a que queden fuera de las reestructuraciones créditos que, sin embargo, deberían poder ser afectados para posibilitar la continuidad de las empresas que valen más reorganizadas que liquidadas. Con ello, se aumentan los costes de la reestructuración y se redistribuye valor en perjuicio de los acreedores privados, lo cual pone en peligro la consecución de los objetivos de la directiva. Este libro ofrece al lector una reflexión sobre el concepto de crédito público que limita su alcance a aquellos créditos de titularidad pública cuyo origen se encuentra realmente en el ejercicio de potestades administrativas ?y no en facultades comunes de derecho privado?. Asimismo, pone a disposición de los operadores jurídicos las herramientas necesarias para desplazar las normas contrarias a la directiva y poder sujetar al crédito público a las reestructuraciones cuando sea de interés para el buen fin de estas, como sucede en otros ordenamientos de nuestro entorno.
