La Ley puede emanar teóricamente de un solo monarca autócrata, pero en realidad, aun en los regímenes más absolutistas, las leyes en vigor representan los intereses o las concepciones de la camarilla que rodea al trono o de los partidarios de la dinastía reinante. Bien que los privilegiados influyentes del Estado sean sacerdotes, como en las antiguas teocracias, en que la Ley tenía fundamentos místicos, o bien sean aristócratas y oligarcas, como en las repúblicas italianas de la Edad Media, lo cierto es que la Ley siempre ha sido destinada a concentrar en algunas manos la gestión gubernamental, a conservar la dominación política y económica de unos cuantos ambiciosos, cuya obra consiste en hacer admitir por revelación divina o por razón de Estado la necesidad de continuar la autoridad.
Las democracias pretenden que la ley por ellas mantenida es la expresión de la soberanía popular e igual dicen las monarquías constitucionales y las repúblicas. Pero bien se ve el engaño, pues dada la educación de las masas en nuestras colectividades contemporáneas, éstas no pueden reflejar sino las ideas y los intereses de las clases dirigentes de la burguesía.
