La determinación del orden jurisdiccional competente en litigios por daños genera una notable inseguridad jurídica, especialmente cuando el caso puede encuadrarse en varias jurisdicciones (civil, penal, laboral o contencioso-administrativa). Esta situación provoca duplicidades procesales, demoras en la reparación del daño y obstáculos en el acceso efectivo a la justicia. El estudio plantea la necesidad de una reforma que unifique criterios, delimite con claridad las competencias y refuerce la coordinación entre jurisdicciones para lograr un sistema más eficiente y predecible.
