La presente obra analiza con rigor jurídico y sensibilidad constitucional el impacto de la era digital en el proceso penal, centrándose en una de sus fases más sensibles: la instrucción. A través de un estudio sistemático de las medidas de investigación tecnológica, el autor examina cómo la criminalidad digital ha propiciado la aparición de nuevas diligencias procesales algunas inéditas hasta hace pocos años que permiten actuar directamente sobre el entorno virtual del investigado.
Se abordan con detalle instrumentos como la intervención de las telecomunicaciones, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo, el registro remoto de equipos informáticos y la figura del agente encubierto informático, siempre desde una doble perspectiva: su eficacia en la lucha contra el delito y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales en juego. El texto no solo radiografía el marco jurídico vigente, sino que proyecta una reflexión crítica sobre su evolución futura, en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que las reformas legislativas. Una aportación clave para comprender los desafíos y límites de la investigación penal en sociedades democráticas digitalizadas.
