Una significativa detracción se erige contra la jurisdicción penal universal, a pesar de que fue concebida por el orden mundial para el juzgamiento del delicta iuris gentium en los principales convenios de derecho humanitario y de protección de derechos humanos. Se han trabado juicios de responsabilidad internacional, conflictos diplomáticos y posiciones académicas que le acusan de menoscabar la soberanía de los Estados e infringir los principios penales de reserva legal, prohibición de doble juzgamiento y cosa juzgada. Como intención inicial, esta obra aporta un estudio analítico sobre los efectos de aplicación del estatuto universal a fin de constatar tales señalamientos. En ese proceder, el estudio experimentó y demostró que el estatuto universal es inocuo para causar afecciones a las atribuciones soberanas y a los anotados principios penales, acreditando que la detracción viene asentada sobre antiguas premisas de la noción de soberanía, esgrimidas sin atender la relativización que afectó a dicho concepto tras centuriales cambios históricos. Similar arcaísmo se percibió en la connotación dada a los principios penales, al estar enunciados bajo perspectivas territorialistas ajenas a la evolución jurídica tras la segunda posguerra. Por ello, esta obra también ofrece un replanteamiento de bases, apelando a la necesidad de recontextualizar al principio de soberanía y a los estatutos de extraterritorialidad de la ley penal que forman el catálogo del Derecho Penal Internacional.
