El papel del Derecho Social en nuestros días es muy diferente en función de la aproximación económica desde la que sea analizado. Mientras que desde las tesis ortodoxas la regulación social es clave para la generación de empleo y, de ahí, la necesidad de flexibilizarla para poder crear más puestos de trabajo; desde las heterodoxas, que siga cumpliendo un papel reequilibrador en el seno de la sociedad, ya sea para propiciar unas condiciones de trabajo y unas relaciones laborales más justas, ya sea para garantizar unos niveles de protección social adecuados, es la mejor forma de contribuir a crecimientos económicos más robustos y estables y, por ende, a más y mejor empleo.
En este marco de análisis resulta, sin embargo, imprescindible añadir un elemento más. ¿En qué medida el actual proceso de digitalización de la economía puede alterar estos presupuestos metodológicos y, por consiguiente, sus resultados? Si la llamada Cuarta Revolución Industrial está cambiando la fisonomía de la economía en su conjunto, resulta imprescindible abordar el modo en que el Derecho puede contribuir a acoger tales cambios, propiciando que la transformación económica que vivimos redunde en el mayor beneficio posible para el conjunto de la ciudadanía, evitando, como señala el Parlamento Europeo, que «nadie se quede atrás».
