Las profundas transformaciones que experimentan nuestras sociedades, la creciente complejidad de las relaciones jurídicas, la centralidad de los derechos fundamentales, la digitalización de la Administración de Justicia y las nuevas exigencias de responsabilidad profesional hacen que la formación ética y deontológica de quienes se preparan para ejercer el Derecho resulte hoy más necesaria que nunca.
Esta necesidad adquiere una especial relevancia en el ámbito de la Abogacía y la Procura. Quienes ejercen estas profesiones trabajan, ciertamente, con normas jurídicas, procedimientos y expedientes, pero trabajan, ante todo, con y para las personas.
Quienes acuden a un abogado o a un procurador lo hacen con frecuencia en momentos especialmente delicados o decisivos de sus vidas: ante un conflicto familiar, una situación de vulnerabilidad, un problema económico, un procedimiento judicial, la posible pérdida de un derecho o la necesidad de adoptar decisiones con importantes consecuencias personales. En esas circunstancias, el ciudadano necesita encontrar no solo a un profesional técnicamente competente, sino también a una persona en la que pueda confiar, dotada de sensibilidad, criterio y sentido de la responsabilidad...
