En los complejos momentos que estamos viviendo a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, son millones los contratos que han quedado en el aire sin poder cumplirse: viajes combinados, vuelos, bodas, eventos, academias, gimnasios...
La desafortunada intervención de nuestro legislador, lejos de contribuir a pacificar los conflictos surgidos, aprobó en el art. 36 del Real Decreto 15/2020, de 21 abril, una batería de medidas desconcertantes para los consumidores. Y esta norma hubo de ser modificada hasta en tres ocasiones en el período de pandemia tras la evidente contradicción que encerraba con las disposiciones europeas y las llamadas de atención de las autoridades comunitarias.
Millones de usuarios han encontrado serias dificultades en la recuperación de las cantidades pagadas por servicios no prestados y un mar de dudas en el ejercicio de las acciones adecuadas para ello.
