Las transformaciones que han venido acusando los ordenamientos jurídico-penales, como expresión de determinadas opciones político-criminales, hacen necesario e imprescindible un debate abierto, que descubra y sitúe en su punto de mira los excesos en que hayan podido incurrir el legislador y, también, los órganos judiciales (a la hora de traer en aplicación las leyes y disposiciones aprobadas). El lector podrá encontrar en esta obra diversas reflexiones y propuestas de reforma sobre el papel que, en puridad, debería desarrollar la política criminal en el marco del Estado social y democrático de Derecho. La lista de temas abordados comprende algunos de los más controvertidos o que mayor interés le han merecido a los operadores jurídicos: el maltrato de animales, el tráfico de personas, el llamado "Derecho penal de género", la Directiva europea Whistleblowers, el papel de las Defensorías del Pueblo en la prevención de la corrupción pública, la usurpación de inmuebles, los delitos de odio, la imposición de penas accesorias en los casos de violencia de género, las responsabilidades penales derivadas de la obstaculización a las investigaciones del Defensor del Pueblo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sus autores son penalistas y constitucionalistas, especialistas en el ámbito temático que han seleccionado, y que abordan las cuestiones que van suscitando con rigor técnico y espíritu crítico.
