A más de tres años de su entrada en vigor y la novedad absoluta que supuso en nuestro ordenamiento la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, constituye la norma de cierre de lo que podríamos calificar el sistema de respuesta, junto con las disposiciones de la LOPJ, la LEC y los Reglamentos 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional, del Consejo General del Poder Judicial, a los problemas procesales que surgen en las relaciones internacionales privadas. Una norma que dota a los tribunales y operadores jurídicos, tanto españoles como extranjeros, de un instrumento que da seguridad jurídica en un ámbito tan importante para nuestro progreso económico como Estado de Derecho en un mundo globalizado y que aspira a otorgar una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos....
