En primer lugar, estamos ante una herramienta que, con tono didáctico, ofrece argumentos y experiencias para la conversación en torno al comercio sexual y a la forma en que el Estado se ha relacionado con ella en distintas latitudes.
Es un buen instrumento para ordenar la conversación y comprender parte de la enorme dificultad para conversar en torno a estos temas cuando el maniqueísmo y sus formas de polarizar impiden el debate. La autora ofrece una descripción accesible de las diferencias entre distintas regulaciones, según la posición en que se coloquen a las personas que ofrecen servicios sexuales y a quienes los consumen, o también según partan de la criminalización como presupuesto de la política pública, de la regulación administrativa o del reconocimiento desde el ámbito de lo laboral.