Este informe-propuesta, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, examina y contrasta de modo exhaustivo la legislación penitenciaria española con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo tocante a la población reclusa con discapacidad.
Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.
La normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como omite una acción positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, hechos que colocan a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna.
