Lo que ocurrió realmente el 23 de febrero de 1981 está claro hoy: no fue un intento de golpe de estado, sino una operación especial para reparar el sistema político. Una operación con la que estaba de acuerdo la mayor parte de la clase dirigente, y, por supuesto, la institución monárquica. En principio su objetivo era el de solucionar los problemas surgidos con el desarrollo del proceso autonómico, reformar la Constitución en aspectos que parecían necesarios, modificar la ley y proceso electoral, y acabar con la violencia terrorista. Nada de esto se hizo, y a fecha de hoy sigue sin haberse hecho -a excepción de la amenaza terrorista-, ya que el verdadero objetivo era solo reforzar la posición y el papel de la monarquía, sacrificando cualquier otra posible finalidad. La consecuencia inmediata del 23 de febrero no fue otra que la de que la Corona emergiera de forma poderosa ante la opinión pública y toda la nación como un baluarte imprescindible, con el beneplácito de la clase política, cómplice de aquella farsa...
